La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, un marco legal que establece regulaciones especiales e incentivos tributarios para promover la ampliación de operaciones de inversión ya existentes en El Salvador.

La normativa se aplicará a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con al menos 10 años de operación comprobable en el país, que amplíen inversiones en sectores como textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, farmacéutica, productos para la construcción, papel y derivados.

Durante el debate, la diputada Dania González indicó que la ley contempla incentivos fiscales para empresas con trayectoria que generan empleo y estimó que unas 3,000 podrían beneficiarse del marco aprobado. “Muchas empresas deciden poner sus capitales en países que ofrecen competitividad jurídicamente hablando y también donde hay seguridad”, afirmó.

En la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, el presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), Rodrigo Ayala, señaló que la propuesta responde a una demanda del sector productivo. “En el trabajo diario, nos decían que existen incentivos para diferentes industrias, pero no para empresas que desean expandirse”, expresó.

La ley contempla créditos tributarios de entre el 10 % y el 30 %, según el monto de la inversión. Las inversiones entre $1 millón y $10 millones accederán a un crédito del 10 %; entre $10 millones y $20 millones, del 20 %; y aquellas que superen los $20 millones podrán optar a un crédito del 30 %. Además, se establece la exención del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces para inmuebles destinados a la expansión, siempre que se mantengan en uso por un período mínimo de cinco años.

Para acceder a los beneficios, los inversionistas deberán ejecutar acciones de expansión como la apertura de nuevas líneas de producción, la adquisición o construcción de infraestructura industrial y logística, la compra de maquinaria y tecnología, la creación de centros de investigación y desarrollo y la ampliación de la capacidad productiva. La normativa establece que estos proyectos no podrán implicar la sustitución de activos ni la reducción de las operaciones existentes.

Asimismo, los interesados deberán presentar un perfil de inversionista, estar al día con sus obligaciones tributarias y aduaneras y obtener el Acuerdo de Calificación de la inversión de expansión emitido por el Ministerio de Economía. El cumplimiento de la ley será supervisado por el Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Inversiones, y por el Ministerio de Hacienda, mediante la Dirección General de Impuestos Internos, conforme a lo establecido en la normativa.