En una carta dirigida al fiscal general Rodolfo Delgado, 185 académicos y abogados de veintiséis países expresan su solicitud de retirar las acusaciones contra líderes comunitarios de Santa Marta y ADES. Destacan la contribución de estos defensores ambientales en la protección del agua y los ecosistemas mediante la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.

La misiva resalta la falta de pruebas contundentes en las acusaciones y denuncia la instrumentalización de la justicia para perseguir el activismo ambiental contra la explotación minera. Además, subraya la violación de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, la cual facilitó la reintegración de excombatientes guerrilleros a la vida civil.

Una delegación local presentó físicamente la carta en una sede fiscal en San Salvador. Académicos como Andrés McKinley y defensores de derechos humanos como Ingrid Escobar exigen la liberación de los líderes comunitarios, calificándolos como “héroes nacionales”. Alegan que fueron sometidos a disposiciones del régimen de excepción durante su encarcelamiento.

Figuras como Mirna Perla y Rafael Paz Narváez consideran el caso como una persecución política impulsada por intereses extractivistas y la estrategia gubernamental de desmantelar los Acuerdos de Paz. Los líderes de Santa Marta y ADES permanecen bajo arresto domiciliario desde septiembre, y la audiencia preliminar está programada para el 2 de febrero.

Los firmantes de la carta instan a la Fiscalía a retirar las acusaciones y solicitar el sobreseimiento definitivo por falta de pruebas. Esta petición se suma a llamamientos previos de organizaciones internacionales y congresistas estadounidenses a favor de la liberación de los ambientalistas.