La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado una solicitud de imposición de medidas contra cinco imputados señalados como miembros de una estructura liderada por Lucio Edwin Ayala Flores, exalcalde de San Antonio de la Cruz, Chalatenango, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico de personas.

Los acusados son Noé Miranda Guardado, José Mario Burgos Reyes, José Matías Caravantes Serrano, Jaime Álvaro Menjívar Martínez y el propio Ayala Flores. Entre ellos figuran un exfiscal, un abogado, un motorista del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) y un civil, quienes enfrentarán cargos por varios delitos graves.

La FGR señala a los implicados por delitos como: agrupaciones ilícitas; cohecho activo; desobediencia de medidas cautelares; falsedad material e ideológica; incumplimiento de deberes; revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos; y, fraude procesal.

Según las investigaciones, la red criminal encabezada por Ayala Flores habría operado para manipular procesos legales, desobedecer órdenes judiciales y ocultar información confidencial, beneficiando actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

La Fiscalía detalla que esta organización logró infiltrarse en diversas áreas, valiéndose de la influencia de sus miembros para garantizar impunidad. Por ejemplo, se acusa a los imputados de incumplir deberes en el manejo de bienes incautados por el CONAB y de cometer falsificaciones para encubrir sus acciones.

Además, se les atribuye la revelación de información secreta que compromete investigaciones judiciales, acciones que habrían sido facilitadas por su acceso privilegiado a documentación y procesos legales.

La FGR reafirmó su compromiso de desarticular estructuras criminales como esta, que, además de involucrarse en el narcotráfico, vulneran la confianza en las instituciones públicas. La audiencia para definir las medidas contra los imputados se llevará a cabo en los próximos días.

Con este caso, las autoridades buscan enviar un mensaje contundente contra la corrupción y la complicidad con el crimen organizado, mientras continúan avanzando en las investigaciones sobre las redes que operan en el país.