El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador impuso una condena de ocho años de prisión a Francisco Javier Moreno Vásquez, tras declararlo responsable de los delitos de expresiones de violencia contra la mujer, disparo de arma de fuego, amenazas con agravación especial y resistencia.

De acuerdo con el informe judicial, los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2025, luego de que el Sistema de Emergencias 911 recibiera una llamada que alertaba sobre una discusión relacionada con un accidente de tránsito. Tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a la calle La Arenera, en Quezaltepeque, donde fueron abordados por Moreno Vásquez, quien aseguró haber realizado la llamada.

Tras escuchar las versiones de los involucrados, los agentes recomendaron acudir a un juzgado para resolver el conflicto. Sin embargo, cuando se retiraban, Moreno exigió los datos personales de las otras personas implicadas. Una agente le advirtió que solo podía proporcionarle esa información para fines judiciales, recordándole que su divulgación en redes sociales estaba prohibida.

Ante esa respuesta, el imputado comenzó a insultar a la agente con expresiones denigrantes. Al ser informado que su conducta constituía un delito y que podría ser detenido, inició un forcejeo con la policía, desobedeciendo los comandos verbales emitidos por los demás agentes.

Durante el enfrentamiento, Moreno Vásquez, quien anteriormente había pertenecido a la corporación policial, sustrajo el arma de uno de los agentes y efectuó un disparo, amenazando con quitarles la vida. El incidente finalizó cuando llegaron refuerzos policiales y lograron desarmarlo y detenerlo en flagrancia.

Según la resolución judicial, la condena se distribuye en cuatro años de prisión por disparo de arma de fuego, tres años por amenazas con agravación especial y un año por resistencia. Además, el imputado deberá pagar el equivalente a tres salarios mínimos por el delito de expresiones de violencia contra la mujer.

El tribunal valoró la prueba documental, pericial y testimonial presentada durante el proceso, determinando la participación directa del acusado y su falta de control emocional, lo que contribuyó a que la situación escalara hasta el uso de la fuerza y la amenaza armada.