El gobierno de Venezuela acusó este lunes a Trinidad y Tobago de haber participado en el “robo” de un buque que transportaba petróleo venezolano, incautado por Estados Unidos la semana pasada en el Caribe, en un contexto de maniobras militares estadounidenses en la región, según un comunicado oficial difundido en Caracas.

De acuerdo con el texto publicado en la plataforma Telegram por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, el Ejecutivo tuvo “conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago” en el asalto al buque ocurrido el 10 de diciembre. En el mensaje, el gobierno calificó el hecho como un acto de “piratería” y señaló que constituye una violación del derecho internacional y de los principios de libre navegación y comercio.

La acusación se produjo después de que el presidente de Estados Unidos anunciara la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas, una medida que, según Washington, se enmarca en las sanciones vigentes contra el sector energético de Venezuela.

Como respuesta, Caracas ratificó la suspensión de los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, adoptada inicialmente en octubre, y ordenó “extinguir de manera inmediata” cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural al país caribeño, según el comunicado oficial.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, rechazó las acusaciones y calificó el anuncio venezolano como “propaganda falsa”. Según declaró, las quejas de Caracas deberían dirigirse al presidente de Estados Unidos, al señalar que fue el ejército estadounidense el que confiscó el petrolero sancionado.

Persad-Bissessar afirmó además que su país no depende del gas natural venezolano, dispone de reservas propias suficientes y mantiene relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela. En paralelo, el gobierno trinitense informó que permitirá en las próximas semanas el uso de sus aeropuertos por aeronaves militares estadounidenses para movimientos logísticos y recordó que en noviembre instaló un radar en el archipiélago con apoyo de Estados Unidos.

Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió en una rueda de prensa que las acciones del gobierno trinitense ponen “en peligro las buenas relaciones” y también “a su propio pueblo”, según sus declaraciones.

El petróleo es el principal recurso de Venezuela y permanece sujeto a un embargo estadounidense desde 2019, lo que ha limitado su comercialización formal y ha obligado al país a vender parte de su producción a precios reducidos en mercados alternativos, principalmente en Asia.

Horas antes de la acusación contra Trinidad y Tobago, la Unión Europea decidió prorrogar hasta enero de 2027 las sanciones contra integrantes del gobierno venezolano vigentes desde 2017, que incluyen un embargo de armas y equipos destinados a la represión interna. El bloque justificó la decisión por acciones que, según indicó, socavan la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Venezuela rechazó la renovación de estas sanciones, a las que calificó de “medidas coercitivas unilaterales”, mientras organizaciones de derechos humanos reportan un aumento de detenciones que consideran arbitrarias y de desapariciones forzadas en el país.