La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) advirtió sobre la existencia de abusos sistemáticos en centros para personas con discapacidad en los países miembros, según un informe difundido en Viena la semana pasada.

El documento detalla casos de gritos, insultos, privación de libertad, medicación excesiva, tratamientos involuntarios, aislamiento, explotación financiera y violencia física y sexual, vulnerando la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

De acuerdo con el informe, existe “una creciente brecha entre la retórica y la realidad” respecto al derecho de vivir de manera independiente. La FRA instó a los Estados de la Unión Europea a poner fin a la institucionalización y priorizar medidas que permitan la inclusión en la comunidad.

En un comunicado, la directora general de la agencia, Sirpa Rautio, señaló que “la violencia contra las personas con discapacidad en los centros institucionales es un problema sistémico que requiere un cambio sistémico”. También llamó a los gobiernos a cumplir sus obligaciones legales y garantizar que estas personas sean tratadas “con dignidad y respeto”.

Asimismo, el informe, basado en análisis documentales en los 27 países de la UE, advierte que la violencia persiste debido a barreras estructurales que dificultan la denuncia. Según la FRA, muchas víctimas consideran normal el maltrato porque lo han sufrido desde edades tempranas o por desconocer sus derechos y los canales para reportar incidentes. En otros casos, la dependencia del personal genera temor a represalias.

Además, la agencia señaló deficiencias en el acceso a información y mecanismos accesibles de denuncia, lo que limita la posibilidad de obtener reparación. A ello se suma la falta de datos completos y comparables sobre violencia en instituciones, lo que dificulta evaluar tendencias y detectar problemas.

Finalmente, la FRA pidió reforzar los sistemas de información, cerrar progresivamente los centros institucionales y garantizar alternativas comunitarias basadas en la vida independiente. También recomendó establecer formación obligatoria para personal de atención, cuerpos policiales, equipos de supervisión y operadores judiciales, así como crear mecanismos de denuncia accesibles, seguros y confidenciales.