La administración del presidente Donald Trump solicitó este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita revocar el estatus legal otorgado a miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, beneficiarios de un programa humanitario implementado bajo el mandato de Joe Biden.

El recurso, presentado por el Departamento de Justicia encabezado por Kristi Noem, busca revertir una orden judicial emitida en abril por la jueza Indira Talwani, del distrito de Massachusetts. Dicha orden impide temporalmente que el Ejecutivo elimine los permisos de residencia y trabajo a estos migrantes, protegidos por la figura de “parole humanitario”.

La Casa Blanca sostiene que esta medida judicial limita prerrogativas clave del Ejecutivo en materia migratoria y desmantela una política “cuidadosamente diseñada” para frenar el ingreso irregular de personas al país. En su escrito de 27 páginas, el procurador general John Sauer argumenta que, en condiciones normales, un extranjero inadmisible debe ser expulsado o detenido sin demora.

El programa en disputa fue lanzado por el Gobierno de Biden en 2023 como una vía legal para controlar el flujo migratorio desde naciones en crisis, protegiendo temporalmente a más de medio millón de personas. Sin embargo, Trump ordenó su revocación tras regresar al poder, alegando que fomenta el ingreso ilegal.

La jueza Talwani, nombrada por el expresidente Barack Obama, determinó que cualquier cambio debía respetar los plazos vigentes y evaluarse caso por caso, lo que frenó temporalmente el intento del Gobierno por desmantelar el programa de forma generalizada.