El Senado de los Estados Unidos rechazó este jueves una propuesta presentada por el senador demócrata Tim Kaine que buscaba exigir al Departamento de Estado un informe detallado sobre la situación de derechos humanos en El Salvador, particularmente en el contexto del régimen de excepción y las condiciones en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

La moción fue desestimada tras una votación de 50 votos en contra, todos de senadores republicanos, frente a 45 votos a favor de los demócratas. Cinco senadores entre ellos el independiente Bernie Sandersno participaron en la votación, registrada a la 1:44 p. m. hora de Washington.

La resolución planteaba que, en un plazo de 30 días, el Departamento de Estado presentara ante el Congreso un informe sobre presuntas violaciones a derechos humanos en El Salvador, incluyendo casos de tortura, desapariciones forzadas, represión internacional y denegación de debido proceso. También se solicitaba una evaluación sobre la independencia judicial en el país y el trato a ciudadanos extranjeros detenidos.

Uno de los puntos centrales del proyecto era el monitoreo de las condiciones en el Cecot, una megacárcel construida por el Gobierno salvadoreño para recluir a miles de personas detenidas durante el régimen de excepción. La iniciativa exigía revisar denuncias sobre supuestos abusos cometidos en ese centro.

La resolución también cuestionaba el papel del gobierno estadounidense en casos de ciudadanos nacionales recluidos o desaparecidos en El Salvador, y demandaba claridad sobre si se están cumpliendo las órdenes judiciales de liberación.

El proyecto fue respaldado por 13 senadores demócratas, entre ellos Chris Van Hollen, quien recientemente visitó El Salvador en el marco de la detención del ciudadano estadounidense Kilmar Ábrego. Otros firmantes incluyeron a figuras como Elizabeth Warren, Cory Booker, Charles Schumer, Alex Padilla y Dick Durbin.

Con este rechazo, la mayoría republicana del Senado cerró momentáneamente la puerta a una revisión formal de las relaciones diplomáticas y del compromiso del Gobierno de El Salvador con los derechos humanos