El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) inició este sábado un cierre administrativo parcial tras el fracaso en el Senado de los Estados Unidos de un proyecto para financiar sus operaciones. La medida surge luego de que demócratas y republicanos no alcanzaran un acuerdo sobre los recursos destinados a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Se trata de la tercera paralización gubernamental desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. A diferencia de las anteriores, esta afecta únicamente al DHS, que agrupa a más de 270.000 empleados. Según la información oficial, más del 90 % del personal continuará en funciones, aunque sin recibir salario hasta que el Congreso apruebe los fondos.

El jueves, los republicanos impulsaron una iniciativa para financiar al DHS hasta septiembre, pero la propuesta fue bloqueada por casi todos los senadores demócratas. Estos argumentaron que el plan no establecía límites a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyas redadas generaron protestas y la muerte de dos ciudadanos en Minéapolis.

En los últimos años, el DHS destinó cerca de 10.000 millones de dólares anuales al funcionamiento del ICE, partida que permanece bloqueada en el Congreso. Pese a la disputa, la legislación fiscal promovida por la Casa Blanca permite a la secretaria del DHS, Kristi Noem, redistribuir fondos para operaciones migratorias y cubrir pagos a agentes.

El cierre impacta a las dependencias bajo el DHS, entre ellas el Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera de Estados Unidos, el Servicio Secreto de Estados Unidos y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).

Aunque la mayoría del personal es considerado esencial y deberá continuar trabajando, sectores como la Guardia Costera y FEMA reducirán entrenamientos y actividades rutinarias. La TSA también operará sin garantía de pago, lo que podría derivar en retrasos en los controles de seguridad en aeropuertos si el cierre se prolonga.

El resto del Gobierno federal no se ve afectado, ya que su presupuesto fue aprobado hasta septiembre. El receso legislativo previsto en ambas cámaras podría extender la suspensión presupuestaria del DHS.