El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el 19 de noviembre de 2025 que su Gobierno no ha violado el derecho internacional humanitario (DIH) en los bombardeos realizados en las últimas semanas, en los que murieron al menos 12 menores reclutados por grupos armados ilegales. Según el mandatario, las operaciones se efectuaron bajo los principios de distinción y protección a la población civil.

Petro sostuvo en una alocución, acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, que “ninguno” de los responsables de las operaciones ha incumplido el DIH. De acuerdo con sus declaraciones, desde agosto de 2022 las Fuerzas Militares y de Policía han participado en 1.404 combates, de los cuales únicamente 13 incluyeron bombardeos, debido al nivel de potencia que implican y el riesgo para civiles.

El Gobierno informó que 12 menores reclutados por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, murieron en los bombardeos recientes y otros tres en enfrentamientos directos. También atribuyó al EMC la incorporación forzada de niños, niñas y adolescentes a sus filas.

Las operaciones han generado debate en torno al respeto del DIH, la responsabilidad del Estado y el rol de los grupos armados en el reclutamiento de menores, en especial porque fueron autorizadas por el propio Petro, quien en el pasado criticó este tipo de acciones.

El presidente explicó que los ataques se dirigieron contra estructuras armadas que operan en zonas selváticas alejadas de caseríos. Añadió que las Fuerzas Militares actuaron con la “precaución suficiente” para evitar daños a la población civil, aunque reconoció que había “presunción” de presencia de menores debido a prácticas que, según dijo, contravienen el Estatuto de Roma y el DIH.

Como resultado, Petro anunció que denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI) a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, señalado por el Gobierno como líder del EMC, por reclutar menores. El mandatario afirmó que esta práctica constituye un crimen de guerra.

Las autoridades colombianas incrementaron en septiembre la recompensa por información que permita capturar a Iván Mordisco a 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares). Según las autoridades, sobre él recaen responsabilidades en ataques contra la Policía y el Ejército.