El presidente interino de Perú, José Jerí, decretó un estado de emergencia por 30 días en Lima, su área metropolitana y la vecina provincia del Callao, con el propósito de enfrentar el aumento de la criminalidad. El anuncio fue realizado mediante un breve mensaje transmitido por televisión y redes sociales, en el que el mandatario no ofreció detalles sobre las medidas que acompañarán la declaración.

Jerí justificó la decisión al señalar que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada” y que el país enfrenta una situación que ha generado “un inmenso dolor a miles de familias” y afectado la economía nacional. El presidente aseguró que el Gobierno “pasará de la defensiva a la ofensiva” en su lucha contra el crimen organizado y afirmó que “las guerras se ganan con acciones y no con palabras”, sin precisar cuáles serán las acciones concretas del Ejecutivo.

La medida fue aprobada tras una reunión del Consejo de Ministros (PCM), que anticipó en redes sociales la adopción del decreto. El organismo indicó que el documento “recoge los aportes e iniciativas de diversas entidades del Estado” y que incluirá “un paquete de medidas urgentes orientadas a enfrentar con eficacia la criminalidad que afecta gravemente a los peruanos”.

El anuncio se produce apenas doce días después de que José Jerí asumiera la presidencia interina, tras la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso en un juicio político exprés. La falta de resultados en materia de seguridad ciudadana fue uno de los principales motivos expuestos por los legisladores para promover la vacancia de la exmandataria.

Aunque no es la primera vez que Perú recurre al estado de emergencia para enfrentar la violencia, analistas señalan que las reiteradas declaraciones de este tipo han tenido poco impacto en la reducción del crimen. La efectividad de la nueva medida dependerá, según expertos, de la capacidad del Gobierno para implementar políticas sostenibles y coordinadas más allá de la intervención militar y policial.