El Gobierno de Perú promulgó una ley que permite imputar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves, como asesinato, extorsión o violación sexual.

La norma, publicada el domingo 11 de mayo, en el diario oficial El Peruano, ha generado un fuerte rechazo tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, que consideran la medida contraria a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos.

La ley, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, fue impulsada en el Congreso por sectores conservadores, quienes argumentan que los vacíos legales existentes permiten que menores involucrados en delitos graves sean tratados solo como infractores, sin enfrentar las consecuencias penales que corresponderían a un adulto.

Durante el debate, el legislador ultraconservador Alejandro Muñante, uno de los principales impulsores de la iniciativa, aseguró que “es insostenible que jóvenes de 16 o 17 años que cometen delitos atroces reciban el mismo tratamiento legal que un niño”. Asimismo, el congresista y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, afirmó que la nueva ley es necesaria para frenar el reclutamiento de adolescentes por parte de bandas criminales, las cuales, según señaló, utilizan a menores de edad como autores materiales de delitos violentos.

Sin embargo, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público expresaron su rechazo a la norma.

Finalmente, la aprobación de esta ley reabre el debate en Perú sobre la edad mínima de responsabilidad penal y la efectividad de las políticas punitivas en la lucha contra la delincuencia juvenil.