La Organización de los Estados Americanos (OEA) estableció el miércoles 03 de abril, un “grupo voluntario” para supervisar de cerca la situación en Nicaragua, tras casi cinco meses de que el país dejara de ser miembro de la organización. El Consejo Permanente de la OEA adoptó por aclamación una resolución que disuelve el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, creado en 2018, y advierte que continuará dando seguimiento a la situación en el país centroamericano.

El nuevo grupo estará abierto a la participación de todos los Estados miembros y no generará costos adicionales para el presupuesto de la Organización. Esta medida se produce en medio de las denuncias de los países de la OEA sobre el desmantelamiento de estructuras cívicas, el deterioro de las instituciones y la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua.

Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega, a través de su vicepresidenta Rosario Murillo, rechazó la decisión de la OEA, calificándola como una “innoble e impronunciable” intromisión imperialista. Murillo denunció a la OEA como el “basurero de las Américas” y afirmó que Nicaragua no reconoce su autoridad, alegando que la organización promueve los intereses de Estados Unidos.