El Gobierno de Nicaragua, bajo la presidencia de Daniel Ortega, ha derogado la exención fiscal que anteriormente beneficiaba a iglesias y organizaciones religiosas. La resolución, publicada en el diario oficial La Gaceta, establece que a partir de ahora estas entidades estarán sujetas a tributación.

La modificación de la Ley de Concertación Tributaria representa una nueva fase en la serie de reformas y sanciones impuestas por el gobierno, que también ha intensificado su campaña contra las organizaciones no gubernamentales (ONGs).

Por otro lado, el gobierno nicaragüense ha cancelado recientemente la inscripción de 151 ONGs, muchas de las cuales operaban en el sector comercial. Esta medida llega apenas tres días después de que se cerraran 1.500 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría religiosas, lo que ha sido ampliamente criticado por la oposición en el exilio como una ofensiva directa contra la sociedad civil.

Desde las protestas de 2018, que el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han atribuido a la influencia de ONGs y la Iglesia Católica, el régimen ha llevado a cabo una serie de cierres y restricciones. Hasta la fecha, el número total de ONGs canceladas asciende a aproximadamente 5.300. Además, decenas de clérigos han sido arrestados y muchos han sido expulsados del país en medio de un clima de creciente represión.

Finalmente, la comunidad internacional y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por estas medidas, señalando que podrían representar un ataque a la libertad de asociación y a la actividad humanitaria en el país.