El gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, ha ordenado este miércoles la clausura de 15 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Save the Children International, en el marco de una ofensiva contra la sociedad civil que comenzó tras las protestas antigubernamentales de 2018.

Según un decreto publicado en el diario oficial La Gaceta, Save the Children, que operaba en Nicaragua desde 2011, fue cerrada por “disolución voluntaria” debido a la finalización de sus proyectos en el país. Otras diez organizaciones, muchas de ellas religiosas, fueron clausuradas bajo la misma justificación. Además, cinco fundaciones y asociaciones fueron eliminadas por incumplir con la presentación de informes financieros durante largos periodos de tiempo.

Desde 2018, el gobierno de Ortega ha intensificado medidas contra la oposición y organizaciones independientes, argumentando “irregularidades administrativas”. Estas acciones han incluido la clausura de miles de ONG, el cierre de medios de comunicación, la privación de nacionalidad a disidentes y la expulsión de diplomáticos extranjeros.

La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, señaló en diciembre de 2024 que Nicaragua vive un “grave clima represivo” en medio de reformas constitucionales que concentran más poder en la presidencia. Entre estas medidas destaca la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, la eliminación de la prohibición de censura a la prensa y la posibilidad de suspender derechos fundamentales durante un estado de emergencia.

Estas medidas han generado temor tanto dentro como fuera del país. Según al Nashif, las reformas también buscan “criminalizar las voces disidentes”, lo que ha agravado el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.

Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han condenado esta escalada represiva, que deja cada vez menos espacio para la libertad de expresión y la acción de la sociedad civil en el país centroamericano.