En México, a diario hay una historia que provoca conmoción en determinados sectores de la sociedad. Crímenes sanguinarios, abusos policiales y maltratos son cotidianos. La violencia es tanta y tan profunda, que a veces cuesta trabajo pensar qué hacer, cómo seguir. Ningún medio de comunicación es capaz de reportar todo lo que ocurre. Es imposible. La sangre que recorre al país parece interminable.
El riesgo es normalizar que tengamos asesinatos, desapariciones, abusos de todo tipo. Que nos acostumbremos o resignemos. En la última semana, por ejemplo, se sucedieron imágenes que estremecen. Que son incomprensibles. Inaceptables.
Wendy Yoselin Ricardo Sevilla tenía 16 años. Vivía en el Estado de México. El 20 de marzo pidió permiso para salir con su novio. Dos días después, su cuerpo fue encontrado en un canal de aguas negras. El jueves la enterraron. El cajón blanco era sostenido por sus amigas. Es tan injusto. Deberían estar noviando, jugando, bailando, estudiando, creciendo, celebrando la vida. En lugar de eso, tienen que cargar el ataúd de una de ellas. ¿Cómo se transita la adolescencia, cómo se vive después de esta desgracia?
No es la primera víctima ni tampoco será la última. Las autoridades reconocieron que en marzo hubo 24 crímenes violentos de mujeres en el Estado de México. Aquí, hace mucho que las mujeres viven con miedo. En un país femicida, este es uno de los estados más peligrosos para las mexicanas.
Los informes oficiales reportan que el año pasado hubo 3.723 muertes violentas de mujeres a nivel nacional. 900 fueron tipificadas como femicidios. Es una epidemia que ya se había incrustado mucho antes que el coronavirus.
Irresponsabilidad
Otra tragedia que no cede son las desapariciones. Las autoridades tienen registrados los nombres de más de 80.000 personas sin paradero. “¿Dónde están?”, es un grito y reclamo en las marchas por los derechos humanos que recorren el país. Y que se traduce en acción cuando los colectivos de familiares, muchos de ellos encabezados por madres, organizan sus propios operativos de búsqueda y escarban la tierra con sus propias manos para buscar a algún hijo o hija, hermano, esposo, en las centenares de fosas clandestinas que han convertido a México en un sepulcro oculto.
La indiferencia institucional, muchas veces, se impone.
Eladio Aguirre Chable, un taxista de 30 años, fue secuestrado el 21 de abril de 2020 en Veracruz. La semana pasada, su madre Candelaria Chable recibió un mensaje anónimo que decía que el cuerpo estaba tirado en un pantano. Hasta allá fue, y lo encontró. Fue su mérito y el de quienes la acompañaron, porque, aunque pidió auxilio de la Fiscalía General del Estado, se lo negaron. Lo que sí hicieron después las autoridades fue entregarle el cuerpo en bolsas de basura. Al terror le sumaron más terror.
La foto de la hermana de Eladio, sentada en una banca y con las bolsas plásticas y negras al lado, es inverosímil, repudiable. De ese tamaño es la insensibilidad oficial.
El hallazgo de cuerpos en México es tan común, que se ha tenido que diseñar un protocolo para salvaguardar la dignidad de las víctimas. En Veracruz no les importó, no lo cumplieron, por eso el Colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos denunció “el trato cruel, degradante, inhumano y revictimizante” que soportó la familia.
Imposible no recordar cuando Sara Valles, alcaldesa de Guaymas, en el estado de Sonora, se reunió en noviembre pasado con mujeres que buscan a sus desaparecidos y les regaló baldes de fierro, cubrebocas, gel antibacterial, guantes de látex y palas para que ellas mismas removieran las fosas clandestinas. ¿La responsabilidad del Estado? También ausente. Eso sí, la alcaldesa no se privó de difundir las fotografías del vergonzoso acto.
Indignación
El sábado por la tarde, Victoria Esperanza Salazar, una salvadoreña de 36 años y madre de dos hijos que vivía en México con visa humanitaria, fue perseguida y detenida por cuatro policías en la ciudad de Tulum, en el estado de Quintana Roo.
La rodearon, la sometieron, la tiraron al piso boca abajo, le esposaron las manos a la espalda. La mujer gritaba, pedía ayuda y levantaba la cabeza para poder respirar, hasta que una agente pone la rodilla en el cuello de la víctima.
Unos segundos después, el cuerpo queda inmóvil. Al darse cuenta, los efectivos lo mueven. Sigue inerte. Victoria ya está muerta. Sin esperar peritos, sin cumplir protocolo alguno, levantan el cuerpo, lo meten a la parte trasera de otro vehículo policial. Y se lo llevan.
La macabra escena fue registrada por diversos testigos en sus teléfonos celulares. Si eso hacen a plena luz del día y con testigos, ¿qué harán cuando nadie los ve? Las imágenes se viralizaron y desataron una oleada de indignación tan grande que hasta los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele tuvieron que intervenir. El mexicano condenó el crimen y garantizó que no habrá impunidad. El salvadoreño prometió hacerse cargo de la manutención de los dos hijos de Victoria.
