La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó este lunes el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, señalados por el Gobierno de Estados Unidos de presuntos vínculos con actividades de narcotráfico.

Según un comunicado de la UIF, organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la medida fue aplicada con carácter preventivo y busca resguardar la integridad del sistema financiero nacional.

La institución aclaró que el congelamiento de cuentas no representa una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad penal o administrativa de las personas involucradas.

“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, señaló el organismo.

Acusaciones de Estados Unidos

La decisión ocurre casi tres semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes atribuye supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa y actividades relacionadas con narcotráfico.

Entre las personas señaladas figuran el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza; el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega; y el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez, además de mandos policiales.

Hasta ahora, todos los involucrados han rechazado los señalamientos.

De acuerdo con la UIF, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas tienen acceso a mecanismos legales para impugnar la decisión, incluyendo recursos administrativos y jurisdiccionales, así como el derecho de audiencia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que no existe impedimento para que funcionarios señalados comparezcan ante autoridades estadounidenses, aunque insistió en que ese país debe presentar pruebas que sustenten las acusaciones. También señaló que, de existir evidencia de delitos, México no brindará protección a los responsables.

El caso se desarrolla en medio de tensiones entre México y Estados Unidos sobre cooperación en seguridad y combate al crimen organizado, mientras ambos gobiernos mantienen posturas distintas respecto a las acciones implementadas contra grupos criminales.