Las autoridades de inmigración de Estados Unidos detuvieron a 457 trabajadores, entre ellos más de 300 ciudadanos surcoreanos, en unas instalaciones de Hyundai Motor en Georgia, como parte de una investigación sobre presuntas prácticas laborales ilegales.

La operación, ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también paralizó la construcción de una planta de baterías eléctricas que Hyundai desarrolla junto a LG Energy Solution.

El gobierno surcoreano rechazó la redada. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lee Jaewoong, afirmó que los detenidos formaban parte de una red de subcontratistas y advirtió que los derechos de sus ciudadanos y de las empresas coreanas no deben ser vulnerados en el marco de las acciones estadounidenses.

El ministro de Exteriores, Cho Hyun, confirmó que más de 300 de los detenidos son surcoreanos y anunció la posibilidad de encabezar una delegación oficial a Washington para abordar el caso.

Por su parte, Hyundai reconoció la operación en sus instalaciones, pero negó que los detenidos trabajaran directamente para la compañía. La empresa defendió su compromiso con el cumplimiento de las leyes y señaló que espera la misma responsabilidad de proveedores y contratistas.

Además, designó a Chris Susock, director de manufactura en Norteamérica, para supervisar la planta en Georgia y liderar una investigación interna sobre el cumplimiento de las normas laborales.

Esta acción se suma a una serie de redadas en lugares de trabajo impulsadas por el gobierno de Donald Trump, en el marco de su promesa de ejecutar la mayor operación de deportaciones en la historia de Estados Unidos.

Actualmente, alrededor del 5% de la fuerza laboral estadounidense está conformada por inmigrantes indocumentados, situación que, según expertos, enfrenta un riesgo de fuerte impacto económico ante el endurecimiento de las medidas migratorias.