El Comité contra la Desaparición Forzada de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) emitió este martes un informe en el que lamenta que en Colombia persistan los crímenes de lesa humanidad, relacionados a la desaparición forzada de personas “en diversas partes del país”, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz.
Las conclusiones fueron publicadas este martes, aunque están basadas en datos procesados antes de las recientes protestas en el país suramericano. En el informe, el Comité destaca que el delito de desaparición forzada sigue ocurriendo, incluso en el contexto de la pandemia.
Además, manifestaron su preocupación por el hecho de que estos crímenes puedan ser cometidos por “agentes estatales” y por particulares, que estarían actuando con el consentimiento de servidores públicos. También advierten que, al no haber una respuesta efectiva del Estado sobre este particular, las responsabilidades de estos funcionarios “se diluyen” y esto “repercute negativamente” en la aplicación de la Convención Internacional establecida para abordar este delito.
Aunque en el informe se reconocen “los esfuerzos del Estado” colombiano para tratar de revertir la situación, los expertos piden investigar todos los casos de desaparición forzada con prontitud, imparcialidad e independencia. “El Comité expresa su preocupación por los escasos resultados en la búsqueda del gran número de personas desaparecidas en el Estado parte, incluyendo las 84.330 y los 9.964 niños y niñas sometidos a desaparición forzada registradas por la Fiscalía General de la Nación (FGN)”, refieren.
El comité advierte que el Estado y sus autoridades siguen sin ajustarse a las exigencias internacionales para abordar este tipo de crímenes; razón por la que instan a actuar inmediatamente y no dilatar los procesos de búsqueda cuando se tenga noticia de una desaparición.
Los investigadores también expresan su inquietud por los crecientes asesinatos, amenazas y represalias perpetrados en contra de activistas y defensores de derechos humanos, así como dirigentes sociales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, víctimas de desaparición forzada, familiares y representantes.
Esfuerzos insuficientes
Otra preocupación del Comité de la ONU es “la insuficiente coordinación e intercambio de información” entre las instituciones que están involucradas en los procesos para resolver los casos de personas desaparecidas. De igual forma, se muestran inconformes ante la baja cantidad de víctimas que han recibido reparaciones, debido a que el Estado se ha limitado a dar solamente compensaciones económicas a 12.490 víctimas de las 185.422 registradas.
Ante esta situación, sugieren que a todas las víctimas de desaparición forzada se les asegure una reparación integral, que tome en cuenta las circunstancias personales de las víctimas, como sexo, identidad de género, orientación sexual, edad, origen étnico, condición social y discapacidad.