Este jueves, la Casa Blanca respaldó la legalidad del ataque a una lancha supuestamente procedente de Venezuela, en el que murieron once personas. El ataque, realizado el martes, fue justificado como una operación militar contra una organización designada como terrorista, el Tren de Aragua, y como una medida para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos. Según la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, la acción fue «consistente con las leyes de un conflicto armado» y se ejecutó con un ataque de precisión en aguas internacionales para minimizar el riesgo a personal estadounidense, sin necesidad de fuerzas sobre el terreno.

El ataque se produjo en medio de un creciente enfrentamiento con Venezuela, en el contexto de la lucha de EE. UU. contra organizaciones criminales transnacionales, incluidos los carteles de drogas vinculados al régimen de Nicolás Maduro. La Casa Blanca aseguró que la lancha estaba operada por miembros del Tren de Aragua, y que el ataque tenía como objetivo desarticular actividades ilícitas de narcotráfico.

A pesar de la defensa del Ejecutivo, las críticas no tardaron en llegar, especialmente desde el sector republicano. El senador Rand Paul expresó su desacuerdo, subrayando que no es la política de EE. UU. matar a personas sin antes probar su vinculación con actividades ilegales. Según Paul, este tipo de operaciones deberían limitarse a intervenciones en casos de autodefensa legítima, no a ataques preventivos sin pruebas claras.

El debate sobre la legalidad de la acción se intensifica, ya que expertos y legisladores sostienen que el presidente de EE. UU. no tiene la autoridad unilateral para declarar una guerra, y las acciones militares de este tipo deberían ser autorizadas por el Congreso. Adam Isacson, director de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), afirmó que la operación realizada no cumple con los estándares de la legislación internacional y podría ser considerada ilegal.