Un juez ecuatoriano ordenó abrir juicio contra 17 miembros del Ejército por la desaparición forzada y posterior asesinato de cuatro adolescentes afrodescendientes en diciembre de 2024.

Un tribunal de Ecuador resolvió llamar a juicio a 17 militares acusados por la desaparición forzada y muerte de cuatro menores afrodescendientes en la ciudad de Guayaquil. Los hechos ocurrieron la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron detenidos de manera irregular en las inmediaciones de un centro comercial del barrio Las Malvinas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los adolescentes fueron subidos por la fuerza a dos vehículos y trasladados hacia la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad, cercana a una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Los militares involucrados aseguraron inicialmente que los jóvenes fueron liberados con vida en el lugar; sin embargo, posteriormente aparecieron muertos con impactos de bala en la cabeza.

Tres de los imputados solicitaron acogerse a la figura de cooperación eficaz y declararon que los menores fueron golpeados y humillados antes de su desaparición. La autopsia confirmó que las víctimas recibieron disparos en la cabeza.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, un testigo denunció haber sido torturado para declarar falsamente que las muertes habían sido cometidas por bandas criminales. Entre los acusados se encuentran 16 militares que participaron directamente en el operativo y un teniente señalado como cómplice por recoger prendas de las víctimas sin dar aviso a las autoridades competentes.

El abogado del CDH, Fernando Bastias, afirmó que la resolución “reconoce la existencia del delito de desaparición forzada” y constituye un avance en el proceso judicial. Añadió que este caso se suma a las 43 desapariciones atribuidas a fuerzas estatales desde que el presidente, Daniel Noboa, declaró al país en “conflicto armado interno” contra el crimen organizado.

La medida adoptada por el gobierno ecuatoriano permitió a las fuerzas de seguridad usar la fuerza letal contra presuntos delincuentes, lo que, según organizaciones de derechos humanos, ha incrementado los casos de abusos y desapariciones en el contexto de la ofensiva estatal.