El Ministerio de Derechos Sociales ha solicitado a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio abrir una investigación sobre la fiesta de cumpleaños del futbolista Lamine Yamal, tras difundirse imágenes que podrían vulnerar la ley de protección a las personas con discapacidad.

Según explicó a la agencia EFE el director general de Discapacidad, Jesús Martín, se busca determinar si durante la celebración del 18 cumpleaños del jugador del FC Barcelona se denigró a personas con enanismo, lo cual está prohibido por la legislación vigente desde hace casi tres años, aunque actualmente no contempla sanciones.

El caso ha generado inquietud en el Gobierno, que prepara una reforma legal para incluir como infracción grave —con multas de entre 600.000 y un millón de euros— la realización de espectáculos que utilicen a personas con discapacidad para provocar burla o escarnio, como en el caso del conocido “bombero torero”.

Jesús Martín advirtió sobre el impacto social que pueden tener este tipo de actos cuando son protagonizados por figuras públicas:

“Nos preocupa que un chaval con tantos seguidores, influencer para la juventud, celebre fiestas así, por el efecto rebote que puede tener entre los jóvenes”, declaró.

El funcionario lamentó también la aparente impunidad de figuras públicas:

“Nos preocupa que personas con dinero, con poder, se crean por encima de la ley. La norma es para todos, para los humildes y para los poderosos”, subrayó.

Además, la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas (ADEE) ha anunciado que presentará acciones legales y sociales contra el futbolista, por la supuesta contratación de personas con esa discapacidad para su fiesta. La organización considera que los hechos vulneran no solo la ley, sino también principios éticos fundamentales.

En su comunicado, ADEE calificó la situación como una falta grave al respeto y a la dignidad humana, y exigió que se tomen medidas para evitar que este tipo de prácticas continúen normalizándose en espacios públicos y privados.

La normativa vigente establece que queda prohibida toda actividad recreativa o espectáculo en el que se utilice la discapacidad de una persona para provocar mofa, burla o irrisión del público, por considerarlo contrario al respeto a la dignidad humana.

Mientras tanto, el Ministerio de Derechos Sociales ha dejado claro que no permanecerá inactivo ante las evidencias públicas y ha pedido que se abran las investigaciones correspondientes para que, en función de sus conclusiones, se actúe conforme a derecho.