El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos reconoció que deportó por equivocación a Kilmer Abrego-García, un ciudadano salvadoreño que había recibido una suspensión judicial de deportación. El caso ha generado una fuerte controversia, ya que Abrego fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, un penal de máxima seguridad señalado por supuestas violaciones a los derechos humanos.

Abrego-García, quien residía en el condado de Prince George, Maryland, fue arrestado el pasado 12 de marzo bajo el argumento de que su estatus migratorio había cambiado. ICE lo incluyó de último momento en un vuelo que transportó a más de doscientos venezolanos y salvadoreños el 15 de marzo, a pesar de no estar en el plan original. Según sus abogados, se trató de un proceso irregular y sin garantías.

El gobierno estadounidense ha argumentado que, al ya no estar bajo custodia nacional, no es posible ordenar su retorno. Los defensores de Abrego interpusieron una demanda contra altos funcionarios, entre ellos los secretarios de Seguridad Nacional y de Estado, así como la fiscal general y autoridades de ICE, exigiendo su repatriación inmediata.

Durante una audiencia judicial, ICE admitió el error pero aseguró que actuó “de buena fe” con base en una orden final de deportación y en la supuesta vinculación de Abrego con la pandilla MS-13, acusación que su defensa niega categóricamente y para la cual aseguran no se ha presentado ninguna prueba.

La deportación de Abrego-García se dio en el marco de una controvertida aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por el expresidente Donald Trump, que ha permitido expulsiones sumarias bajo el argumento de combatir a organizaciones criminales como la MS-13 y el Tren de Aragua. Aunque la ley fue bloqueada por un juez federal, la administración Trump ha continuado desafiando esa decisión ante instancias judiciales superiores.