El Congreso de Guatemala aprobó la Ley Antipandillas, que clasifica como terroristas a los miembros de estas estructuras y permitirá trasladar temporalmente a reos a prisiones fuera del país.

La normativa, identificada como Decreto 11-2025, fue avalada con 145 votos tras ocho días de debate legislativo. Entre sus disposiciones, aumenta las penas para integrantes de pandillas hasta 20 años de cárcel y establece condenas de hasta 18 años por reclutar menores para actividades delictivas, según fuentes legislativas.

Además, autoriza congelar cuentas bancarias de miembros o colaboradores y traslada los procesos judiciales a tribunales especializados.

De forma transitoria, el Gobierno podrá acordar con otros países el envío de pandilleros a centros penitenciarios en el extranjero mientras se construye una prisión de máxima seguridad, proyecto que contará con un fondo de 200 millones de quetzales.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la ley dotará de más herramientas a las fuerzas de seguridad, mientras que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala calificó la aprobación como “un paso hacia un futuro más seguro y próspero”.