La Administración del presidente Donald Trump presentó este viernes un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de anular un fallo judicial que impide la disolución del Departamento de Educación, uno de los planes más controversiales impulsados desde la Casa Blanca.

El recurso responde a una resolución emitida en mayo por un juez federal en Boston, quien dio la razón a una demanda interpuesta por una coalición de 21 estados liderados por gobiernos demócratas, la Federación Americana de Maestros y dos distritos escolares de Massachusetts. El fallo bloqueó temporalmente la orden ejecutiva con la que Trump buscaba eliminar la agencia federal.

En el documento remitido al Supremo, los abogados del Gobierno argumentan que la sentencia del juez “prohíbe al Gobierno despedir a cualquier persona”, lo que, según la Administración, limita su capacidad de reestructurar el gabinete y aplicar medidas de eficiencia institucional.

El plan del Ejecutivo contempla despedir a cerca de la mitad del personal del Departamento de Educación y trasladar de forma inmediata la gestión de los préstamos estudiantiles y los servicios de educación especial a otras entidades externas. La Casa Blanca sostiene que el cambio busca “descentralizar funciones innecesarias” y “modernizar” el sistema educativo.

Sin embargo, críticos y expertos han advertido que el desmantelamiento del Departamento de Educación dejaría sin regulación federal áreas clave como el acceso equitativo a la educación, el control de estándares nacionales y la supervisión de programas especiales para estudiantes vulnerables.

La vía judicial se ha convertido en uno de los principales frenos a los planes más polémicos del presidente Trump, incluyendo sus reformas migratorias de línea dura y propuestas para reducir drásticamente la estructura del Gobierno federal. Ante estos obstáculos, la Casa Blanca ha acusado a varios jueces de actuar por intereses políticos y ha calificado a algunos miembros del poder judicial como “activistas” y “comunistas”.

Por ahora, la decisión queda en manos del Tribunal Supremo, que deberá decidir si mantiene el fallo del tribunal de menor instancia o da luz verde a la eliminación del Departamento de Educación.