El Gobierno del presidente Donald Trump ha iniciado un plan nacional para desmantelar las ayudas financieras dirigidas a estudiantes indocumentados en universidades públicas, lo que ha provocado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos civiles y educativas en Estados Unidos.

La medida, impulsada por el Departamento de Justicia (DOJ), ya ha tenido impacto directo en Texas, donde se logró revocar temporalmente la Ley estatal Dream, que desde 2001 permitía a jóvenes indocumentados graduados de secundaria pagar matrícula como residentes del estado. Se estima que al menos 73,000 estudiantes podrían verse afectados solo en ese estado.

Durante una conferencia de prensa, representantes de la Asociación Nacional de Educación (NEA), la ACLU, United We Dream y sindicatos de maestros denunciaron que esta política forma parte de una “campaña coordinada” para socavar la educación pública y controlar el pensamiento en las aulas.

“Es un ataque al derecho a aprender, a enseñar y a existir en los campus”, advirtió Gladys Fátima Márquez, miembro del Comité Ejecutivo de la NEA.

En Texas, universidades han recibido instrucciones para identificar a estudiantes indocumentados beneficiados por las matrículas reducidas, de modo que se les cobre el monto completo a partir del próximo semestre.

Educadores y activistas han alertado sobre un creciente riesgo de militarización del entorno educativo, donde las políticas migratorias interfieren con la autonomía universitaria y los derechos civiles de los estudiantes.

Valeria Alvarado, abogada de la ACLU de Texas, calificó como antidemocrática la decisión del gobierno estatal de ceder ante el DOJ sin consultar a la comunidad educativa.

Ante la situación, se ha hecho un llamado al sector privado para que apoye financieramente a los jóvenes afectados, mientras se prepara una demanda federal que busca revertir la impugnación de estas leyes estatales.