El gobierno de Panamá decretó el estado de urgencia en la provincia caribeña de Bocas del Toro, donde las protestas contra una reforma de pensiones cumplen casi dos meses y se han tornado violentas.

Las manifestaciones han dejado un muerto, más de cien detenidos y decenas de heridos, incluidos 13 policías, según reportes oficiales.

La medida fue anunciada por el presidente José Raúl Mulino el viernes 21 de junio. Ese mismo día se suspendieron las libertades de reunión y circulación en la zona.

Además, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó la suspensión temporal del servicio de telefonía móvil e internet residencial en toda la provincia hasta el 25 de junio, aunque se mantiene el acceso en centros de salud, comercios y entidades gubernamentales.

La policía reportó daños en el aeropuerto, comercios y oficinas, además del saqueo de un depósito de insumos médicos en Changuinola. Las garantías constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la privacidad de las comunicaciones también fueron suspendidas temporalmente.

La embajada de Estados Unidos en Panamá pidió a sus ciudadanos evitar la provincia y prohibió a su personal viajar a la zona hasta nuevo aviso, ante los “continuos y crecientes disturbios civiles”.

Las protestas comenzaron el 28 de abril lideradas por trabajadores bananeros. Aunque su sindicato alcanzó un acuerdo con el gobierno, otros sectores continúan exigiendo la derogación total de la reforma.