El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha tomado medidas para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que actualmente ampara a miles de inmigrantes procedentes de Honduras y Nicaragua, según borradores de avisos publicados en el Registro Federal.

La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, afectaría aproximadamente a 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses que han residido legalmente en EE. UU. durante años bajo este programa migratorio.

El TPS es una herramienta migratoria otorgada a personas que se enfrentarían a dificultades extremas si regresaran a sus países de origen, ya sea por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis humanitarias.

Esta protección permite a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un período determinado.

La administración Trump ha argumentado que las condiciones en Honduras y Nicaragua han mejorado lo suficiente como para suspender las protecciones. Sin embargo, críticos y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que la realidad en ambos países sigue siendo frágil, con altos niveles de violencia, pobreza y falta de oportunidades.

La cancelación del TPS no ha pasado desapercibida. La decisión ha provocado protestas frente a la Corte Suprema y ha sido impugnada legalmente en múltiples jurisdicciones del país.

En algunos casos, jueces federales han emitido bloqueos temporales, aunque el destino final de los afectados aún es incierto.

El DHS no ha emitido comentarios oficiales sobre los borradores filtrados, y se espera una reacción más amplia por parte de congresistas demócratas y organizaciones migratorias en los próximos días.