La fuga de 20 pandilleros considerados de alta peligrosidad desde la cárcel Fraijanes II, ubicada cerca de Ciudad de Guatemala, ha desencadenado una crisis política en el país, con cuestionamientos al presidente Bernardo Arévalo y exigencias de dimisión contra el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

Los reos pertenecen a la pandilla Barrio 18, catalogada como organización terrorista por Estados Unidos. La fuga ocurre en un contexto de aumento de homicidios y de creciente preocupación por la seguridad pública.

Estados Unidos calificó el incidente como “inaceptable”, mientras distintos sectores políticos y empresariales guatemaltecos criticaron la respuesta del Ejecutivo. El gobierno reforzó la seguridad en las cárceles y fronteras con El Salvador, Honduras y México, además de ofrecer recompensas por los fugitivos, de los cuales solo uno ha sido recapturado hasta el momento.

De esta manera, el ministro Jiménez destituyó al jefe del sistema penitenciario y a los directores de Fraijanes II, pero descartó presentar su renuncia. En paralelo, bancadas del Congreso, incluida la oficialista, han exigido su salida.

La situación se agravó por la ausencia del presidente Arévalo, quien se encontraba en Europa al momento de conocerse la fuga y regresó al país 48 horas después. “La crisis se ha hecho más grande por la ausencia del presidente”, indicó Ortiz, quien también habló de un “liderazgo débil” ante la magnitud del problema.

Ante la situación, la Cámara Guatemalteca de Comercio calificó la fuga como un “grave atentado contra la seguridad nacional” y pidió decretar un estado de prevención, que permita el despliegue del Ejército en las calles y el control militar de las prisiones.

Finalmente, el incremento de la violencia y la fuga de los pandilleros han intensificado el debate sobre la capacidad del gobierno para responder a la crisis de seguridad.