El Ministerio Público de República Dominicana presentó una acusación formal y solicitó iniciar juicio contra los hermanos Antonio y Mirabel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, por el delito de homicidio involuntario.

El hecho se relaciona con el colapso del techo del establecimiento ocurrido el 8 de abril durante un concierto del cantante de merengue Rubby Pérez, quien falleció en el lugar junto con otras 235 personas.

Según la Fiscalía, los dueños del local habrían sobrecargado la estructura del techo con equipos de climatización y tanques de agua, además de haber ignorado advertencias internas sobre su deterioro con el fin de reducir gastos.

Las autoridades afirmaron contar con “cientos de elementos de prueba” que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

Tras el suceso, los hermanos Espaillat fueron arrestados y posteriormente liberados bajo fianza de 50 millones de pesos (unos 842.500 dólares), mientras esperaban el proceso judicial.

A mediados de junio, familiares de las víctimas, incluidas las hijas de Rubby Pérez, presentaron más de 50 demandas civiles contra los propietarios del establecimiento.

En ese contexto, diversos sectores criticaron supuestos privilegios hacia la familia Espaillat, que también posee un conglomerado de medios de comunicación y un restaurante.

De acuerdo con la legislación dominicana, el delito de homicidio involuntario conlleva una pena de entre tres meses y dos años de prisión, mientras que los golpes y heridas involuntarios contemplan sanciones similares, dependiendo de la gravedad de los daños causados.