La Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania (SAP) anunció este lunes la imputación del exministro de Energía Herman Galushchenko por los delitos de lavado de dinero y participación en una organización criminal, en el marco de una investigación sobre presuntos sobornos en el sector energético.

De acuerdo con un comunicado de la SAP, que lleva el caso junto a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), Galushchenko figura como uno de los inversores de un fondo creado en 2021 por integrantes de la red investigada. El fondo fue registrado en el territorio británico de ultramar de Anguilla y tenía como objetivo captar alrededor de 100 millones de dólares.

Según la Fiscalía, durante el período en que Galushchenko ocupó el cargo, entre 2021 y 2025, “la organización criminal recibió más de 112 millones de dólares en efectivo procedentes de actividades ilegales en el sector energético”.

Los investigadores sostienen que el exministro habría ocultado su vinculación con el fondo mediante la creación de dos empresas registradas en las islas Marshall, cuyos beneficiarios eran su exesposa y sus cuatro hijos.

Movimientos de dinero y detención

La SAP detalló que en cuentas del fondo administradas por familiares del exfuncionario se depositaron 7,4 millones de dólares. Además, la familia habría recibido directamente en Suiza 1,3 millones de francos suizos y 2,4 millones de dólares en efectivo.

Según la investigación, parte de esos recursos fue utilizada para cubrir gastos educativos en instituciones suizas para los hijos del imputado.

Galushchenko fue detenido el domingo cuando, según las autoridades, intentaba salir del país. De acuerdo con la Fiscalía, el supuesto cabecilla de la trama es el empresario y exsocio comercial del presidente Volodimir Zelenski, Timur Mindich, quien ya habría abandonado Ucrania.

Alcance del caso

El caso de corrupción fue revelado en noviembre pasado por la NABU y la SAP e involucra a varios exministros. La investigación derivó en diversas dimisiones dentro del Gobierno y en la salida del entonces jefe de la Oficina Presidencial, Andrí Yermak.

Aunque Yermak no ha sido imputado, la NABU efectuó registros en sus propiedades como parte de las diligencias relacionadas con la trama.