El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, destituyó este miércoles al fiscal Rafael Curruchiche, quien dirigía la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), una unidad señalada por perseguir judicialmente a periodistas, exfiscales y exjueces vinculados a investigaciones anticorrupción.

La decisión fue confirmada por el Ministerio Público mediante un comunicado en el que informó que “se ha dispuesto la remoción” de Curruchiche como parte de un proceso de “fortalecimiento y reorganización institucional”.

Curruchiche era considerado uno de los principales colaboradores de la exfiscal general Consuelo Porras, quien concluyó su gestión el pasado sábado tras ocho años al frente del Ministerio Público. Tanto Porras como Curruchiche fueron sancionados por más de 40 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y miembros de la Unión Europea.

El nuevo fiscal general había anunciado desde el domingo el cierre de la FECI, al argumentar que la unidad perdió “credibilidad ciudadana”. Según indicó, todos los expedientes bajo responsabilidad de esa fiscalía serán revisados para determinar la solidez de los procesos.

Gestión marcada por controversias

La administración de Porras estuvo marcada por disputas políticas y judiciales. Durante su gestión se impulsaron acciones que buscaban impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo en 2024, además de procesos contra fiscales anticorrupción, líderes indígenas y operadores de justicia, varios de los cuales abandonaron el país y permanecen en el exilio.

Curruchiche asumió el control de la FECI en 2021, luego de la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien posteriormente se exilió en Estados Unidos. Sandoval encabezó investigaciones de corrupción de alto impacto junto a una comisión respaldada por la ONU.

Las investigaciones desarrolladas durante ese período derivaron en 2015 en la renuncia y posterior condena del expresidente Otto Pérez Molina.

Sin embargo, durante la gestión de Curruchiche, la FECI enfocó procesos penales contra exfuncionarios anticorrupción, líderes campesinos e indígenas, periodistas y activistas humanitarios, situación que también motivó sanciones internacionales en su contra.