Expresidente Álvaro Uribe fue condenado por soborno y fraude procesal
La condena en primera instancia contra Álvaro Uribe, expresidente de Colombia entre 2002 y 2010, ha marcado un capítulo sin precedentes en la historia política del país. Declarado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, el fallo lo convierte en el primer exmandatario colombiano sentenciado por la justicia ordinaria. La jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, anunció que la sentencia será leída el próximo viernes, mientras el país observa con atención el impacto de este caso en la escena política.
Aunque el golpe parece dirigido al Centro Democrático, partido que fundó y lidera Uribe, dentro de sus filas se percibe una mezcla de desafío y esperanza. Voces como la de la senadora Paloma Valencia han dejado claro que la bandera uribista seguirá ondeando, confiando en una eventual reivindicación política de cara a las elecciones legislativas de marzo y presidenciales de mayo de 2026.
Analistas, como el profesor Yann Basset de la Universidad del Rosario, consideran que el efecto electoral podría ser limitado. A su juicio, aunque el fallo es histórico y simbólico, el protagonismo de Uribe ya no domina la política nacional como hace dos décadas, en un escenario donde la derecha se ha diversificado y nuevos actores han tomado relevancia.
El proceso, que podría derivar en una pena de entre cuatro y ocho años de prisión domiciliaria —o incluso nueve, como solicitó la fiscal Marlenne Orjuela—, continuará con la apelación que la defensa interpondrá el 11 de agosto. El Tribunal Superior de Bogotá deberá pronunciarse antes del 16 de octubre.
La atención también se ha desplazado hacia Iván Cepeda, senador de izquierda reconocido como víctima en el caso. Su victoria judicial sobre quien fuera considerado “el hombre más poderoso del país” ha despertado especulaciones sobre una eventual aspiración presidencial. Cepeda, sin embargo, ha insistido en que cualquier decisión política será independiente del fallo judicial.
Este episodio, originado por una denuncia presentada en 2012 por el propio Uribe contra Cepeda por supuesta manipulación de testigos, terminó siendo un boomerang judicial que pone a prueba la resiliencia del uribismo y abre un nuevo capítulo en la política colombiana.



