La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, se ha convertido en escenario de una crisis humanitaria tras los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC).

Según información confirmada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, los choques armados han dejado más de 30 muertos, incluidos al menos 5 firmantes del acuerdo de paz que estaban desmovilizados. Además, se reportan numerosos heridos y graves violaciones a los derechos humanos.

“Lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad”, escribió Marín en su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde detalló que, según las cifras preliminares, al menos 10 personas han resultado heridas.

El jefe del EMC, Andrey Avendaño, comandante del Frente 33 de las disidencias de las FARC, difundió un mensaje en el que acusó al ELN de iniciar una ofensiva contra sus unidades y aseguró que “han matado civiles, gente desarmada”.

El conflicto ha generado además una serie de violaciones a los derechos fundamentales de la población, como el secuestro de personas, desplazamientos forzados, y el confinamiento de varias comunidades, incluidos maestros que se preparaban para el inicio del ciclo escolar.

“Hay niños sin acompañamiento, personas con discapacidades sin poder huir. El sufrimiento es extremo”, agregó Marín, quien hizo un llamado urgente para garantizar la protección de la población civil.

Por otro lado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó los recientes hechos de violencia y calificó los ataques como “crímenes de guerra”. Ante esta grave situación, Petro anunció la suspensión de los diálogos de paz con el ELN, un proceso que se había comenzado con la esperanza de lograr una salida negociada al conflicto armado.