El laboratorio indio Bharat Biotech, fabricante de la vacuna contra el COVID-19 Covaxin, anunció este viernes que terminó su contrato con la empresa brasileña Precisa Medicamentos, después del inicio de una investigación que alcanzó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Bharat Biotech anunció en un comunicado la conclusión “con efecto inmediato” de su memorando de entendimiento firmado el pasado 24 de noviembre de 2020 con Precisa Medicamentos, que tenía como fin la venta de 20 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19.
A pesar de ello, Bharat Biotech “continuará trabajando diligentemente con ANVISA, el organismo regulador de medicamentos de Brasil, para completar el proceso de aprobación regulatoria para Covaxin”, precisó.
De esta manera, una vez conseguida la aprobación, el laboratorio indio estará dispuesto a proveer vacunas directamente al Gobierno de Brasil, sin intermediarios, a 15 dólares por unidad, dijo.
El anuncio fue hecho tras un escándalo sobre la gestión del Gobierno de Bolsonaro en la adquisición de estos medicamentos, que degeneró en una investigación del Parlamento brasileño y la Fiscalía de ese país.
La Policía brasileña anunció la semana pasada el inicio de una investigación contra Bolsonaro para indagar un supuesto delito de prevaricación en la adquisición de vacunas anticovid.
Esa investigación deberá establecer si el jefe de Estado cometió delitos en las negociaciones para la compra de la vacuna de Bharat Biotech.
Las sospechas fueron puestas sobre la mesa por el diputado Luis Miranda, de la base política que respalda a Bolsonaro, y su hermano Ricardo Miranda, jefe de importaciones del Ministerio de Salud, durante una comisión del Senado.
Luis Miranda reveló que el presidente ignoró informaciones que le fueron dadas sobre irregularidades en el contrato de intención de compra de estas vacunas, el cual fue suspendido sólo cuando las sospechas fueron reveladas por la comisión y la prensa local.
Bharat Biotech ha asegurado que en las negociaciones con Brasil se siguió un enfoque paso a paso en los contratos y las aprobaciones regulatorias durante un largo proceso de ocho meses.
