Funcionarios del gobierno de Estados Unidos mantienen negociaciones con la compañía minera estatal venezolana Minerven para concretar un acuerdo que permitiría vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado estadounidense, valorada actualmente en unos 165 millones de dólares.

De acuerdo con información publicada por el portal Axios, el acuerdo contempla que Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro doré al comerciante internacional de materias primas Trafigura. Esta empresa sería la encargada de transportar el metal hacia refinerías en Estados Unidos.

La negociación ocurre cuando se cumplen dos meses de la captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro y se produce en medio de un acercamiento comercial entre Caracas y la administración estadounidense.

Según el informe, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, visitó Caracas durante dos días para discutir oportunidades en los sectores petrolero y minero. Durante su estancia sostuvo una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y habría participado en las gestiones vinculadas al contrato relacionado con el oro.

El valor del metal se mantiene en niveles elevados en medio de la incertidumbre financiera global y las tensiones geopolíticas derivadas del ataque estadounidense a Irán, situación que ha afectado el tránsito petrolero en el estrecho de Ormuz. En este contexto, el oro es considerado un activo de refugio para inversionistas.

Tras el encuentro con Burgum, Rodríguez anunció un plan para reformar las leyes mineras del país.

El acercamiento entre ambos países también incluye la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas el pasado 1 de febrero, encabezada por la encargada de negocios Laura Dogu, como parte del restablecimiento gradual de relaciones diplomáticas tras la ruptura ocurrida en 2019.

En paralelo, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó sobre nuevos contratos para suministrar petróleo al mercado estadounidense, en un contexto de reducción de las sanciones que previamente se aplicaban al sector energético venezolano.