Estados Unidos implementará un esquema de aranceles progresivos contra Nicaragua a partir del 1 de enero de 2026, según informó la Oficina del Representante Comercial (USTR) en un comunicado difundido el 10 de diciembre de 2025. La medida surge tras una investigación de 12 meses, que incluyó más de 2.000 comentarios de empresas e individuos, y concluyó que las políticas económicas y comerciales nicaragüenses son “irrazonables” y afectan las oportunidades de negocios para compañías estadounidenses.

De acuerdo con la USTR, los aranceles se aplicarán a todos los productos que no estén cubiertos por el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA). El esquema establece un incremento escalonado: 0% desde el 1 de enero de 2026, 10% en 2027 y 15% en 2028. Estas tarifas se sumarán a otras vigentes, incluida la Tarifa Recíproca del 18%.

El informe de 46 páginas señala que “el régimen de Ortega-Murillo incurre en actos, políticas y prácticas irrazonables que obstaculizan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua”. También afirma que el país “ha explotado a sus propios trabajadores”, lo que, según el documento, genera condiciones de competencia desleales. La investigación además concluye que Nicaragua ha confiscado propiedades de instituciones religiosas nacionales y extranjeras, así como de personas y empresas estadounidenses, creando un entorno considerado de alto riesgo para la inversión.

El presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y previamente durante la década de 1980, enfrenta acusaciones de organismos humanitarios y críticos que lo señalan de instaurar una “dictadura familiar” junto a su esposa, Rosario Murillo, nombrada copresidenta en febrero tras una reforma constitucional.

La USTR advirtió que, si Nicaragua no muestra avances en temas vinculados a derechos humanos, libertades fundamentales y el Estado de derecho, el calendario y las tasas de los aranceles podrían ser modificados.