El Tribunal Supremo de Estados Unidos examinó el martes 7 de octubre la legalidad del veto estatal de Colorado a las llamadas terapias de conversión dirigidas a menores, en una audiencia centrada en la libertad de expresión de los profesionales que las aplican.

Estas prácticas buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas basándose en enfoques religiosos ultraconservadores, y han sido ampliamente cuestionadas por expertos en salud y derechos humanos por sus efectos nocivos.

El caso se originó a partir de una demanda de Kaley Chiles, terapeuta cristiana, quien sostiene que la ley estatal viola su libertad de expresión al impedir que asesore a menores sobre género y sexualidad.

Su abogado, James Campbell, argumentó que la norma silencia la voz de Chiles y priva a las familias del “apoyo que ella ofrecía”.

Por su parte, el fiscal general de Colorado, Shannon Stevenson, afirmó que no existe evidencia científica que respalde la eficacia de estas terapias y que las prácticas pueden causar daños psicológicos significativos, afectando la salud mental y las relaciones familiares de los jóvenes.

Organizaciones médicas y de derechos humanos han señalado que las terapias de conversión pueden incluir métodos extremos, comparables en algunos casos con formas de tortura.

Actualmente, 17 países cuentan con prohibiciones nacionales, mientras que en Estados Unidos más de 20 estados aplican restricciones similares. El fallo del Supremo podría modificar el marco legal en Colorado y establecer precedentes para otros estados.