Los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido manifestaron su “grave preocupación” por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza, que calificaron como catastrófica. La declaración fue difundida este martes en un comunicado conjunto divulgado por el Gobierno francés.

Según el documento, la llegada del invierno agrava las condiciones de la población civil, que enfrenta fuertes lluvias y descenso de temperaturas, mientras 1,3 millones de personas continúan necesitando apoyo urgente en materia de refugio. Los países señalaron además que el colapso de las infraestructuras de saneamiento ha dejado a 740.000 personas expuestas a inundaciones tóxicas y que gran parte de la población presenta niveles elevados de inseguridad alimentaria aguda.

En el comunicado, los diez Estados pidieron al Gobierno de Israel permitir que las organizaciones no gubernamentales internacionales puedan operar en Gaza de forma sostenida y previsible. Advirtieron que los nuevos requisitos impuestos por Israel podrían derivar en el cierre forzoso de operaciones de ONG en un plazo de 60 días en Gaza y Cisjordania, lo que tendría un impacto directo en los servicios esenciales. Indicaron que uno de cada tres centros sanitarios en Gaza cerraría si estas operaciones se detienen.

Los firmantes también instaron a Israel a permitir que la ONU y sus socios continúen su labor, incluida la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), que presta servicios de salud y educación a millones de refugiados palestinos.

El pronunciamiento se produce después de que el Parlamento israelí aprobara una ley que levanta la inmunidad y acelera la suspensión de las operaciones de la UNRWA, a la que legisladores israelíes consideran ilegal al atribuirle una presunta implicación en los ataques del 7 de octubre de 2023, reivindicados por Hamás. Asimismo, el Gobierno de Israel anunció que retirará licencias de actividad a varias ONG que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras, al señalar que empleados de estas organizaciones habrían estado involucrados en actividades terroristas.

Los diez países solicitaron además levantar las restricciones a determinadas importaciones en Gaza, como equipos médicos y de refugio considerados urgentes, y reclamaron la apertura de más pasos fronterizos para facilitar el flujo de ayuda humanitaria. Aunque reconocieron la apertura parcial del paso de Allenby, señalaron que otros corredores, como Rafah, permanecen cerrados o con restricciones, y subrayaron que el objetivo de 4.200 camiones de ayuda por semana debería ser un mínimo y no un límite máximo.

Finalmente, los firmantes afirmaron que las restricciones actuales limitan la entrega de ayuda conforme al derecho internacional humanitario y consideraron su eliminación como un elemento clave para avanzar hacia un plan integral que ponga fin al conflicto en Gaza.