Daniel Ortega y su esposa consolidan el control absoluto sobre Nicaragua con reforma constitucional
El Parlamento de Nicaragua ratificó una reforma constitucional que otorga a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo el control absoluto sobre todos los poderes del Estado.
La modificación, aprobada por unanimidad por el Congreso dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), extiende el mandato presidencial de Ortega de 5 a 6 años, y eleva a Murillo de vicepresidenta a “copresidenta”. Este cambio consolidará el poder de la pareja en una estructura que ahora incluye un control total sobre los poderes legislativo, judicial y electoral, antes considerados independientes.
Ortega, quien gobernó Nicaragua tras la Revolución Sandinista en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, y Murillo, de 73 años, han sido acusados de instaurar una “dictadura familiar”.
La reforma también establece que el Estado supervisará a la prensa, a la Iglesia y a las empresas, vigilando que no respondan a “intereses extranjeros”. Además, el gobierno ha oficializado la retirada de la nacionalidad a los opositores que consideren “traidores a la patria”, práctica que ya se ha implementado en los últimos años con más de 450 personas afectadas.
El Congreso aprobó también una moción retroactiva que extiende el actual mandato de Ortega hasta 2028. Asimismo, se incorporó la creación de una “Policía Voluntaria”, formada por civiles y considerada como un cuerpo auxiliar de las fuerzas de seguridad, medida que recuerda los eventos violentos de las protestas de 2018, cuando hombres encapuchados intervinieron en la represión de manifestantes.
La reforma también define a Nicaragua como un “Estado revolucionario” y “socialista”, con la bandera rojinegra del FSLN como símbolo patriótico. Rosario Murillo celebró la ratificación, calificándola como un “modelo de democracia directa”, mientras que organismos internacionales, como la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresaron su “profunda preocupación” ante el retroceso de las libertades civiles y políticas en el país.