El gobierno de Costa Rica anunció el miércoles 29 de enero de 2025, que presentará una nueva iniciativa de ley al Congreso que pretende endurecer las penas por aborto en el país.

La propuesta establece penas de hasta 6 años de prisión para las mujeres que practiquen o consientan un aborto, y hasta 12 años para quienes realicen un aborto sin el consentimiento de la mujer.

En una conferencia de prensa, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, defendió la propuesta, afirmando que “defender la vida de los costarricenses que todavía no han nacido es una obligación del Estado”.

Fernández destacó que el aborto es considerado un “asesinato” y que, por lo tanto, las penas deben ser más severas. Actualmente, el aborto solo es legal en Costa Rica en casos terapéuticos, es decir, cuando la vida de la mujer está en riesgo.

La legislación actual establece penas de entre 1 y 3 años de prisión para las mujeres que causen o consientan un aborto. La nueva propuesta elevaría esta pena entre 4 y 6 años. En el caso de quienes practiquen un aborto sin el consentimiento de la mujer, la pena actual es de entre 3 y 10 años, y con la nueva ley, pasaría a ser de entre 3 y 12 años.

Ante la propuesta, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó este asunto como “difícil desde lo filosófico y lo moral”, y comparó el acto de abortar con lanzar a una persona al vacío desde un avión.

Por otro lado, el aborto terapéutico ha sido legal en Costa Rica desde 1970, pero fue en 2019 cuando el presidente de la época, Carlos Alvarado, firmó un decreto que estableció una norma técnica para guiar a los profesionales médicos en la evaluación de casos en los que se pueda practicar.