Sin embargo, desde la oposición sostienen que la Junta Directiva no tiene potestad legal para archivar ninguna ley aprobada por el Pleno.
La Junta Directiva del Congreso de Guatemala, junto a 16 diputados, ha anunciado esta madrugada la suspensión del trámite del Presupuesto 2021. La decisión se dio a conocer a través de las redes sociales de la institución por medio del presidente de la Cámara, Allan Rodríguez, que se encontraba respaldado por algunos jefes de bloques cercanos al Gobierno.
En su discurso, Rodríguez señaló que la suspensión se produce en aras de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, después de las protestas que se iniciaron el fin de semana y que provocaron el incendio de parte de la sede del Congreso.
El pasado miércoles la alianza de partidos oficialistas reunió 115 votos de los 160 legisladores para aprobar unos presupuestos de 99.700 millones de quetzales (casi 10.800 millones de euros), los más altos de la historia a excepción de los de 2020, que incorporaron una ampliación extraordinaria para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
La Junta Directiva del Congreso y Jefes de Bloques Legislativos, acordaron la suspensión del Decreto 33-2020, relativo al #Presupuesto2021Gt y el del presupuesto del Organismo Legislativo, para el Ejercicio Fiscal 2021. pic.twitter.com/XY84IkTbTa
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 23, 2020
Estas elevadas cuentas públicas se harán frente con una deuda histórica para el país y con el recorte de las partidas destinadas a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, al Organismo Judicial, a la Universidad de San Carlos, a los pacientes oncológicos, a los niños recién nacidos o a las madres lactantes, entre otros.
La aprobación de la ley de los Presupuestos se tramitó de urgencia nacional, después de que el documento final se hubiera trasladado a los diputados tan solo unas horas antes, sin tiempo para analizarlo y con cambios sustanciales respecto al texto debatido.
Denuncias de opacidad
Por su parte, la oposición, que ha denunciado la “opacidad” de la aprobación de estas cuentas públicas, observa ahora con intranquilidad este movimiento.
Así, la diputada de la Bancada Semilla, Lucrecia Hernández Mack, ha advertido de que legalmente “ni la Junta Directiva [del Congreso] ni sus bloques tienen la potestad de archivar una ley aprobada por el Pleno“.
Ni la Junta Directiva ni sus bloques aliados tienen la potestad de archivar una ley aprobada por el pleno del Congreso.
Que no nos den atol con el dedo. https://t.co/ULV4PcdwgP
— Lucre Hernández Mack (@hernandezmack) November 23, 2020
Durante su discurso de esta madrugada, Rodríguez intentó defenderse de los cuestionamientos sobre que sea el presupuesto más alto de la historia aduciendo que se debe “al crecimiento poblacional y a las demandas crecientes de la misma”.
Asimismo, respondió a las denuncias de opacidad de la oposición señalando que había habido más de 100 audiencias públicas y defendió que el trámite de urgencia ya se había producido con anterioridad, en los años 2006, 2009, 2013 y 2015, “y en esos casos no se llegó al rompimiento del orden constitucional”.
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Protestas contra el Ejecutivo y el Legislativo
Desde que el pasado miércoles se produjera la aprobación de los Presupuestos se han sucedido las protestas, que llegaron a su punto álgido el sábado con una masiva marcha pacífica y con la quema de parte de la sede del Congreso por parte de un grupo de encapuchados.
El presidente del Congreso condenó los actos violentos: “Lamentamos y condenamos enérgicamente los actos terroristas desarrollados durante la protesta en contra de las instalaciones del Palacio Legislativo”, señaló sobre el incendio del Congreso.
Además, Rodríguez afirmó que la marcha había sido convocada a finales de octubre con el objetivo de “romper el orden constitucional y lograr acceder al poder como parte de la estrategia desestabilizadora”.
La ciudadanía se manifiesta en contra de las cuentas por su alto coste, traducido en más deuda y menos servicios sociales, pero también contra la figura del presidente del Gobierno, Alejandro Giammattei, que se ha negado a vetar los Presupuestos, incluso después de que su vicepresidente, Guillermo Castillo, afirmara públicamente que ambos deberían renunciar a sus cargos.
