La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que consolida el control total de los poderes del Estado en manos del presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

La reforma, presentada por Ortega, fue avalada “por unanimidad” por los diputados, quienes en su mayoría pertenecen al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Gustavo Porras, jefe del parlamento, anunció la decisión ante el pleno.

Entre los cambios más destacados, se amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y se eleva el rango de Murillo, quien pasa de vicepresidenta a “copresidenta”, consolidando su influencia al mismo nivel que Ortega.

La reforma otorga poder absoluto al gobierno al permitir que los copresidentes coordinen todos los órganos del Estado, anteriormente reconocidos como independientes.

Además, establece que el régimen vigilará a la prensa y la Iglesia para evitar que respondan a “intereses extranjeros”. También oficializa la retirada de la nacionalidad nicaragüense a quienes se consideren “traidores a la patria”, como ya se ha hecho con unos 450 opositores en años recientes.

Daniel Ortega, de 79 años, gobernó Nicaragua en los años 80 tras el triunfo de la revolución sandinista y regresó al poder en 2007. Desde entonces, según sus críticos, ha instaurado un régimen autoritario marcado por el nepotismo junto a Murillo.

Tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ambos endurecieron sus posturas y ampliaron su control sobre la sociedad nicaragüense.