La Cancillería de Colombia presentó una nota de protesta diplomática a Ecuador tras la deportación de más de 800 ciudadanos colombianos privados de libertad, medida que, según Bogotá, se realizó de manera unilateral e incumpliendo el derecho internacional.

La gobernadora de la provincia ecuatoriana de Carchi, Diana Pozo, confirmó que el proceso inició el viernes 25 de julio con el traslado de al menos 870 personas, lo que representa cerca del 60% de los colombianos detenidos en cárceles ecuatorianas.

El gobierno colombiano expresó su molestia, señalando que no fue notificado con antelación. “El problema que hemos tenido es que al no informársenos, no teníamos un plan de contingencia”, explicó Juan Morales, secretario de Gobierno del municipio de Ipiales, en el departamento colombiano de Nariño.

Por su parte, en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó la medida como un “gesto inamistoso” y aseguró que Quito desatendió solicitudes reiteradas para establecer un protocolo conjunto.

Ecuador, por su parte, respondió que las deportaciones fueron comunicadas a Bogotá desde el pasado 8 de julio y que se han realizado tras revisiones individuales y con apego a los derechos humanos. En ese sentido, rechazó que se trate de una deportación colectiva.

La medida se enmarca en el plan del presidente ecuatoriano Daniel Noboa para descongestionar las cárceles del país, donde ha insistido en devolver a presos extranjeros a sus países de origen.

Sin embargo, el presidente colombiano Gustavo Petro ha mostrado su desacuerdo y ha reiterado la necesidad de establecer un mecanismo bilateral para garantizar el respeto a los derechos de los deportados.