El cierre del gobierno de Estados Unidos comenzó a impactar de manera directa la operación de varios aeropuertos del país. En California, el Aeropuerto Burbank de Hollywood permaneció seis horas sin controladores de tráfico aéreo el lunes, informó el gobernador Gavin Newsom.

“¡Gracias @realDonaldTrump! El aeropuerto de Burbank tiene cero controladores de tráfico desde las 4:15 p. m. hasta las 10 p. m. hoy por tu cierre del gobierno”, escribió Newsom en la red social X.

El país entró esta semana en su segunda etapa de cierre administrativo, luego de que demócratas y republicanos no lograran un acuerdo en el Senado sobre el presupuesto federal. Como consecuencia, cientos de miles de empleados públicos han dejado de laborar, mientras que los catalogados como esenciales continúan trabajando sin recibir salario temporalmente.

Un vocero del aeropuerto de Burbank aseguró que las operaciones siguen activas, aunque pidió a los pasajeros verificar con sus aerolíneas posibles retrasos o cancelaciones. De acuerdo con la Autoridad Federal de Aviación (FAA), los vuelos presentaron demoras promedio de 151 minutos.

La FAA también reportó complicaciones en otras terminales del oeste del país. La escasez de personal llevó a que equipos en San Diego asumieran las funciones de control y comunicación con los pilotos durante el cierre de la torre en Burbank.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, reconoció que el cierre “está aumentando la presión sobre los controladores aéreos”, mientras que el jefe del sindicato del gremio, Nick Daniels, instó al Congreso a resolver la situación. “Tenemos que poner fin a este cierre para que los profesionales de la seguridad aérea puedan concentrarse en su trabajo”, declaró.

El actual cierre es el más prolongado desde el registrado entre diciembre de 2018 y enero de 2019, durante la primera administración de Donald Trump. La disputa política gira en torno a los subsidios de salud y recortes a programas sanitarios incluidos en la llamada “Gran y hermosa ley”, aprobada el pasado 4 de julio.

La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que dicha legislación dejaría sin cobertura médica a unos 11 millones de estadounidenses.