La Guardia Costera de China reanudó este sábado las patrullas marítimas en aguas al este de Taiwán como parte de una operación de control e inspección de embarcaciones iniciada en junio, según informó la institución. El operativo ha sido cuestionado por el Gobierno taiwanés y por varios países europeos, que consideran que representa un riesgo para la estabilidad regional y la libertad de navegación.

De acuerdo con un comunicado del portavoz de la Guardia Costera china, Jiang Lue, una formación naval encabezada por el buque Xiushan sustituyó a la agrupación liderada por el Daishan para continuar las patrullas “de acuerdo a la ley”.

Según la autoridad marítima china, la formación relevada realizó inspecciones de buques, patrullajes, labores de protección pesquera y misiones de rescate. Además, sostuvo que estas acciones buscan mantener la normalidad de la navegación y de las actividades pesqueras, así como proteger los derechos, la vida y los bienes de pescadores chinos, incluidos los de Taiwán.

El Gobierno chino ya había defendido el pasado jueves la legalidad del despliegue. En una conferencia de prensa, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Zhu Fenglian, afirmó que las patrullas son “razonables, legales, legítimas y necesarias” y aseguró que China posee una zona económica exclusiva y una plataforma continental en las aguas al este de la isla, una posición que el Gobierno de Taipéi rechaza.

Zhu también señaló que la operación constituye una “acción justa” frente al anuncio de Japón y Filipinas de negociar la delimitación de sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales en esa misma área marítima.

La primera fase de la denominada “operación especial de control del tráfico marítimo” se desarrolló entre el 6 y el 10 de junio. Según el Ministerio de Transporte chino, durante ese periodo fueron inspeccionados 198 buques.

El despliegue también provocó reacciones internacionales. El mes pasado, Reino Unido, Francia y Alemania emitieron una declaración conjunta en la que manifestaron su desacuerdo con la operación, al considerar que supone una “amenaza” para la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional.

Pekín mantiene que Taiwán forma parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para asumir su control. Por su parte, el Gobierno taiwanés sostiene que únicamente los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.