El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó este miércoles que en el país se estaría gestando un golpe de Estado y señaló que las protestas contra el Gobierno tienen “un rostro inexcusable”, al referirse al exmandatario Evo Morales, a quien acusó de promover una “sedición”.

Durante declaraciones brindadas a una emisora argentina y posteriormente en una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Aramayo sostuvo que las movilizaciones buscan una “alteración del orden democrático”.

Según el funcionario, en las últimas semanas se han registrado ataques a instituciones, amenazas contra funcionarios y bloqueos en rutas estratégicas que afectan el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos.

“En las últimas semanas, se han registrado acciones promovidas por grupos organizados que exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política, orientándose a generar condiciones de desestabilización institucional”, afirmó el canciller ante la OEA.

Protestas y crisis económica

Las manifestaciones y bloqueos se mantienen desde hace tres semanas, impulsados por sectores campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace seis meses.

De acuerdo con el Gobierno boliviano, las protestas estarían siendo organizadas por Morales, quien permanece prófugo de la justicia por un caso relacionado con presunta trata de una menor.

Aramayo también señaló ante el organismo regional que existen indicios sobre la participación de actores que operarían fuera de la legalidad y que, según dijo, pretenden instrumentalizar el conflicto social mediante mecanismos de presión incompatibles con el sistema democrático.

Bolivia expulsa a embajadora de Colombia

En medio de la tensión política, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia anunció la expulsión de la embajadora de Colombia, a quien acusa de injerencia.

La decisión ocurrió después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificara las protestas contra el gobierno de Paz como una “insurrección popular”.

La cancillería boliviana indicó que la medida busca preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados, aunque aclaró que no representa una ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.