El Ejecutivo boliviano dispuso la intervención “extraordinaria, transparente y temporal” de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días, según establece un decreto publicado este miércoles en la gaceta oficial.

La medida busca evaluar la cadena logística de importación y distribución de carburantes para estabilizar el suministro nacional, sin que la acción represente la disolución de la compañía.

De acuerdo con el documento oficial, una comisión conformada por los titulares de las carteras de Economía, Producción Sostenible, Hidrocarburos u Obras Públicas, junto al viceministerio de Transparencia, asumirá la conducción para realizar análisis operativos y recomendar auditorías internas.

Medidas de precios y conflictividad social

El desabastecimiento de carburantes representa un reto central para la gestión de Rodrigo Paz desde su llegada al poder en noviembre de 2025. Previo a la intervención, una normativa gubernamental duplicó el precio del diésel a 1,5 dólares por litro con el objetivo de combatir el contrabando.

La decisión derivó en bloqueos de rutas promovidos por sectores campesinos en los departamentos de Beni y Santa Cruz, en un contexto bajo estado de excepción.

Antecedentes de la crisis energética

Las dificultades de distribución persisten en las estaciones de servicio a pesar de la supresión de los subsidios a los combustibles concretada en diciembre pasado.

Dicha política de subvención agotó las reservas de divisas del Estado y complicó la importación regular de carburantes, lo que mantiene las esperas de conductores en diversos puntos del país.