La Asamblea Nacional de Nicaragua informó este martes que inició el análisis de las reformas necesarias para cumplir con la instrucción del presidente Daniel Ortega de prohibir la celebración de elecciones generales en el país.

En una declaración, el Parlamento señaló que elaborará un plan de trabajo basado en las orientaciones del mandatario sobre los procesos políticos nacionales. Además, indicó que desarrollará sesiones especiales junto con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para revisar los procedimientos constitucionales, legales y formales que sustenten las modificaciones.

El Legislativo, controlado por el oficialismo, sostuvo que las reformas buscan establecer las bases jurídicas de ese cambio institucional y afirmó que la soberanía del país corresponde exclusivamente a los nicaragüenses.

La decisión generó reacciones internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Ortega mostró su “verdadera naturaleza autoritaria” al anunciar que no volverán a celebrarse elecciones en Nicaragua.

Asimismo, Rubio instó a la comunidad internacional a coordinar acciones frente al Gobierno de Ortega y Rosario Murillo, al considerar que el país socava los principios democráticos de la región.

Por su parte, la Cancillería de Costa Rica manifestó su preocupación por el cierre de los espacios cívicos y la persecución de voces disidentes en Nicaragua, mientras que Panamá cuestionó el anuncio del mandatario y llamó a consultas a su embajador en Managua.

La oposición nicaragüense también pidió a la comunidad internacional aumentar la presión política y diplomática sobre el Gobierno para impulsar el restablecimiento de la democracia en el país.

Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007. Desde febrero de 2025 comparte la Presidencia con Rosario Murillo, designada copresidenta tras una reforma constitucional. Su administración ha sido señalada por diversos sectores de cometer fraude electoral, perseguir a opositores y limitar la competencia política.