Tres personas perdieron la vida, entre ellas un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos campesinos, durante un violento enfrentamiento armado ocurrido el martes 29 de julio en el departamento de Zacapa, al este de Guatemala.

El hecho se registró durante un operativo de desalojo de pobladores que ocupaban las instalaciones de la hidroeléctrica Pasabien desde junio pasado.

Según reportes oficiales, el grupo de campesinos, originarios de la aldea Santa Rosalía de Mármol, se mantenía en los terrenos de la hidroeléctrica para exigir el cese de operaciones del proyecto, argumentando que sus ancestros han habitado esas tierras por más de dos siglos.

Durante el desalojo, se produjo un intercambio de disparos que dejó a dos pobladores muertos en el lugar, mientras que el agente policial Erick Sacul falleció tras ser trasladado al hospital estatal del departamento.

“Las autoridades vinieron, nos mataron a dos compañeros por un conflicto de tierras. No somos corruptos, no somos delincuentes, somos campesinos que estamos reclamando nuestras tierras”, denunció uno de los manifestantes a medios locales, resguardando su identidad.

Por su parte, la empresa Inversiones Pasabien, propietaria de la hidroeléctrica, aseguró en un comunicado que el objetivo del operativo era permitir el ingreso de personal técnico para realizar trabajos de reparación en las tuberías de la planta, y que el desalojo se intentó llevar a cabo de manera pacífica.

Sin embargo, según la versión empresarial, las fuerzas de seguridad fueron “recibidas a disparos por personas con la cara cubierta y armas de fuego”.

La Policía Nacional Civil también confirmó que la intención inicial del operativo era recuperar el control de las instalaciones sin uso de la fuerza, pero se vieron obligados a responder al ataque armado.

Organizaciones sociales y ambientalistas han expresado su rechazo a la operación en Pasabien, exigiendo una investigación independiente sobre los hechos y el respeto a los derechos de las comunidades campesinas.

Las autoridades del Ministerio Público aún no han ofrecido un informe completo sobre el desarrollo del operativo ni los responsables del uso de armas de fuego durante el desalojo.